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Columna
RESPONSABILIDAD Y FUTURO
Autor:
Isabel Allende, senadora PS por Atacama
Responsabilidad y Futuro
Opinión de Isabel Allende, Senadora PS por la Región de Atacama.
Las recientes propuestas de las iglesias Católica y Evangélica, con algunos matices, plantearon la posibilidad de un indulto general para quienes cumplan una serie de condiciones y sin excluir a los violadores de derechos humanos.Distintos sectores sociales, el mundo de los derechos humanos y los partidos políticos han insistido en que los autores de hechos de sangre y delitos de lesa humanidad -civiles o militares- no puedan recibir beneficios ni menos un indulto. Aceptar esto es un retroceso en el compromiso que, como sociedad, hemos sellado en materia de derechos humanos.
El Presidente Piñera ha escuchado este llamado y anunció su decisión de no conceder un indulto general, como lo proponían las iglesias. Valoramos la prudente decisión que refrenda el compromiso que ha manifestado con los derechos humanos y que, sobre todo, respeta las decisiones de los tribunales.
La decisión presidencial permitió evitar un gran error: equiparar los mismos requisitos de indulto para los delitos comunes y los delitos de lesa humanidad era poner en un mismo nivel a delincuentes comunes y a violadores de derechos humanos. Las condiciones bajo las que se cometieron estos últimos delitos son distintas, más graves y con mayores consecuencias. Como agentes del Estado, abusaron del poder de éste para cometer delitos alevosos que atentaron contra derechos fundamentales de las personas y dañaron profundamente la convivencia social. Esto, precisamente, les da un estatuto jurídico diferente y más exigente en cuanto a penas.
Desde el punto de vista social, consideramos que no es aceptable un indulto, teniendo en cuenta que durante años no hubo la posibilidad de justicia y que nunca hemos visto arrepentimiento ni colaboración para que muchas familias sepan la suerte que corrieron los detenidos desaparecidos y su paradero.
La Iglesia Católica señaló que su propuesta excluía delitos de sangre; hasta donde sabemos, todos los condenados por causas de derechos humanos lo han sido por crímenes de lesa humanidad, como son las desapariciones forzadas de personas, crímenes consignados en los tratados internacionales que Chile ha suscrito. La propuesta incluso consideraba un elemento controversial para otorgar el indulto, que podría poner en entredicho las resoluciones de la justicia al distinguir los grados de responsabilidad: si se dieron las órdenes o si se acataron.
Sin embargo, la obediencia jerárquica y el grado de responsabilidad, ya sea como subordinado partícipe o en funciones de mando, no implican que no se hayan cometido los delitos. Es más, están basadas sobre la existencia de delitos de lesa humanidad. Y las responsabilidades, en ambos casos, han sido determinadas y castigadas por la justicia. Indultar a los violadores de los derechos humanos es reabrir heridas en víctimas y en la sociedad. Aún persisten dolores, detenidos desaparecidos con paradero desconocido, procesos en actual tramitación con involucrados gozando de libertad y una Ley de Amnistía que no ha logrado ser derogada.
Durante años hemos reafirmado el compromiso con los derechos humanos como principio básico de la convivencia social. Esperamos también un nuevo impulso para la búsqueda de la verdad, para mitigar, en parte, el dolor de las víctimas.
El debate que hemos sostenido estos días y el resultado que señala la resolución presidencial nos permite entregar una potente señal en el año del Bicentenario: verdad, justicia, respeto y compromiso con la democracia y los derechos humanos. Estos valores son las bases del reencuentro y la convivencia social que queremos legar al futuro.
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