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SENADOR ROSSI AFIRMA QUE LA IGLESIA ERRÓ AL INCLUIR EN SU PROPUESTA DE INDULTOS CASOS DE DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD

2010-07-22
Secretaría de Prensa - Partido Socialista de Chile

El presidente del Partido Socialista, senador Fulvio Rossi, sostuvo que los derechos humanos son la base ética de un sistema democrático, en cuanto son los valores esenciales constitutivos de toda persona y por consiguiente de la humanidad, por lo que su violación configura los crímenes más graves que pueden cometerse en cualquier tiempo y lugar en una sociedad, pues afectan a todo el género humano. El parlamentario y líder socialista reiteró su rotundo rechazo a incluir en los indultos del Bicentenario a los violadores de derechos humanos.

El parlamentario apuntó que apoya la propuesta en general, planteada por la Iglesia, respecto de aplicar clemencia y misericordia en la búsqueda colectiva de la paz social. Pero recalcó que la institución comete un error al incluir en su planteamiento de indulto general aquellos casos que involucran delitos contra la humanidad, que no son más de 50 pero que han gozado de beneficios extraordinarios tanto intracarcelarios como rebajas de penas dadas las circunstancias extraordinarias en que cometieron sus crímenes, el paso del tiempo y la enorme dificultad que ha enfrentado la justicia para investigar, aplicar sanciones y verificar su cumplimiento”.

Indicó que respecto de ellos no es posible aplicar las instituciones que rigen en relación con los delitos comunes, menos cuando en las violaciones a los derechos humanos son perpetradas por el Estado y sus agentes los que actúan en contra de las personas a través del genocidio, la tortura o el desaparecimiento forzado de personas. Por ello los convenios internacionales establecen principios que están por sobre el Estado y, en ese sentido, es coherente el artículo 5º de la Constitución al reconocer que los derechos humanos son un límite a la soberanía.

Para el presidente de los socialistas es difícil comprender a la Iglesia pues la fortaleza de sus argumentos en el ámbito de la aplicación del indulto a delitos comunes desaparece cuando se aborda la situación de un puñado de personas que además de haber sido juzgadas muy tardíamente ya han gozado de extraordinarios beneficios. “Siendo crímenes contra la humanidad no pueden ser conmutados en una ley de indulto como la que se plantea”, afirmó.

Argumentó que “la justicia con clemencia, a que alude el documento, no es una categoría que tenga algún respaldo científico o dogmático contratastable como se afirma categóricamente. Al menos, no se puede afirmar, luego de revisados un número considerable de bibliografía de los juristas más respetados de Derecho Penal y filosofía del Derecho en el contexto nacional y comparado”.

Agregó que diversas razones sirven para establecer la improcedencia del indulto sea general o particular para los casos de criminalidad del Estado. Por una parte el hecho público y notorio que en la mayoría de los casos sentenciados o en proceso de investigación, transcurrieran casi veinte años en que no hubo posibilidades materiales de hacer justicia, y en segundo lugar, en estricto rigor penal, situar a algunos autores como subordinados en la máquina de exterminio es una falacia pues el hecho de no planificar el delito no justifica un menor reproche, más si se consideran que sus actuaciones voluntarias como autor material en secuestros, torturas y asesinatos, perpetrados por el aparato de poder del que formaba parte, son hecho sobre los cuales jamás han manifestado arrepentimiento.

Concluyó que “la negativa al indulto sólo busca que al menos -alguna vez-, la igualdad ante la ley sea para todos y no sólo para quienes pueden comprarla. Es por eso que no es un alegato válido sostener que el indulto es una forma de propiciar la reconciliación. La autoridad puede promover mediante determinados actos la reconciliación, como ha sido grupos de diálogo, etc., pero no puede arrogarse la facultad de perdonar o reconciliar a nombre de la humanidad ni tampoco de una persona individual. Lo anterior no supone restringir la libre circulación de ideas, pero es necesario que la opinión pública tenga a la vista todos los elementos de juicio”.

Por último, calificó como “loable pretender un sistema penal y carcelario más humano; sin embargo aquello es fruto de una política criminal racional y que precisamente distinga los atentados de menor gravedad frente aquellos de mayor gravedad para el merecimiento de pena, y de las misma manera distinga la criminalidad común de la criminalidad del Estado que apunta al exterminio de las personas (los enemigos); por eso es erróneo mantener el criterio de peligrosidad que se utiliza, pues el estándar universal en la material que justifica la privación de libertad es la necesidad de la pena".